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La Importancia de la Industria Salitrera
La Importancia de la Industria Salitrera
En la primera mitad del siglo XIX, la explotación de Chañarcillo y las exportaciones de trigo habían dado un gran impulso a la economía. Sin embargo, el agotamiento del mineral y la reducción de las exportaciones trigueras (originada en la competencia con otros productores, especialmente en California), empezaron a dificultar el desarrollo del país.
Sin embargo, el descubrimiento de ricos yacimientos salitreros en la zona de Antofagasta en 1866 dio un nuevo impulso al desarrollo.
José Santos Ossa creó la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta para iniciar las labores de explotación. Importante es destacar que, en esa época, Antofagasta, de acuerdo a los tratados ya firmados, formaba parte de Bolivia.
Varios capitalistas chilenos invirtieron sus capitales en esta industria, debido a la gran demanda que existía por el nitrato.
En esa misma época (1870), se descubrió la mina de plata de Caracoles; asimismo, mediante la explotación de Tamaya y las fundiciones de Tongoy y Guayacán, de propiedad de José Tomás Urmeneta, en 1873, el cobre otorgaba a Chile el puesto de primer productor y principal proveedor de los mercados mundiales. Como se podrá apreciar, la minería tenía gran importancia en la economía nacional.
La agricultura, por su parte, que desde las primeras décadas de la ordenación de la República venía siendo favorecida con la construcción de importantes obras de regadío (canales), caminos y puentes y la incorporación de nuevos productos, como el trébol rosado, el espárrago, la remolacha, el arroz y las cepas francesas (estas últimas, incorporadas por don Silvestre Ochagavía, serán particularmente exitosas en el desarrollo de la industria del vino) después de perder los mercados de California y Australia (1855), experimentará las siguientes situaciones
- Se ve perjudicada con la crisis de 1878, por la baja internacional de los precios.
- Crece con la ocupación de la Araucanía, proceso que permitió la incorporación de 800 mil hectáreas de cultivo y 600 mil de bosques, lo que atrajo población a esos lugares. José Bunster, uno de los primeros creadores de riqueza agrícola en la región, se convirtió en el “rey del trigo” y explotador de la abundante madera de la zona.
- Se ve favorecida, además, con la demanda generada en los centros mineros del norte, que se transformaron en una importante fuente de actividad para los centros agrícolas y silvopecuarios del centro y sur del país, que los proveían de ganado, trigo, harina, papa, carbón, maderas, vinos y licores, entre otros.
Tras la firma del tratado de Ancón (1883), Chile adquirió la propiedad definitiva sobre la antigua provincia peruana de Tarapacá, en la que se encontraban los principales yacimientos de salitre. Estas explotaciones habían sido expropiadas por el gobierno peruano a inicios de la década de 1870, pero el gobierno chileno, partidario de la aplicación del liberalismo económico, decidió devolverlas a sus antiguos propietarios, quienes habían recibido bonos por parte del Perú, en los que se comprometía a cancelar a futuro el valor de los yacimientos y las instalaciones.
Conociendo esta decisión, el inglés John Thomas North, adquirió aquellos bonos, lo que le permitió concentrar cerca del 60% de la propiedad de las oficinas de Tarapacá. Por ello, se le conoció como el “Rey del Salitre”. North, además, era el accionista principal de varias otras compañías que realizaban labores anexas a las faenas salitreras, tales como los ferrocarriles (necesarios para trasladar el salitre a los puertos) y el abastecimiento de agua (indispensable para las labores mineras y para el consumo humano). Todo ello incrementó considerablemente sus ganancias.
• Impacto de la minería del salitre en el desarrollo nacional
Las exportaciones chilenas crecieron en volumen y en valor, y ello trajo como consecuencia un gran incremento en el tráfico naviero. Surgieron importantes empresas, como la Compañía Sudamericana de Vapores.
La riqueza salitrera provocó grandes cambios en varios centros urbanos relacionados directamente con la explotación del nitrato, tales como Antofagasta e Iquique, y también en otros, en los que se asentaban grandes intereses económicos, como ocurrió en Valparaíso y Santiago.
Paralelamente, se desarrolló un movimiento migratorio interno debido a la demanda por mano de obra. Las salitreras requerían de gran cantidad de trabajadores.
El sostenido aumento de las exportaciones de salitre muestra la importancia creciente de este mineral en la economía chilena de fines del siglo XIX:
Los mayores ingresos derivados de la explotación salitrera, se tradujeron, asimismo, en un significativo incremento del gasto fiscal.
El número de funcionarios aumentó, al igual que la cobertura de los servicios del Estado, como ocurrió en la educación. En lo primero, baste con señalar que se calcula que, en 1860, el número de funcionarios públicos era de 2.525, cifra que subió a 3.048 en 1880 y a 13.119 en 1900. En lo segundo, se estima que en 1860 existían 900 establecimientos educacionales, elevándose esa cifra a 1.732 en 1895 y a 2.217 en 1900. Lógicamente, el número de estudiantes también aumentó. En 1860, en los establecimientos fiscales se educaban 20.485 alumnos, y en 1895 lo hacían 152.705.
Las obras públicas, hacia fines del siglo XIX, continuaron siendo una de las preocupaciones centrales de los gobiernos. Baste considerar que durante el gobierno de José M. Balmaceda se tendieron más de 1.000 kilómetros de línea ferroviaria, se inició la canalización del río Mapocho, en Santiago, y se construyó el viaducto del Malleco y un dique seco en Talcahuano. Todo esto,además de un gran número de edificios públicos.
Más tarde se construyó el alcantarillado de Santiago (1898) y al año siguiente, se aseguró el abastecimiento de agua potable para Valparaíso y Viña del Mar, mediante la construcción del embalse de Peñuelas. En 1900, se inauguró la Estación Central, en Santiago, a la que luego se agregó la Estación Mapocho (1913).
Los teléfonos se introdujeron también a fines del siglo, así como el alumbrado a gas.
La cultura tampoco fue descuidada. Se realizaron importantes congresos pedagógicos para mejorar la calidad de la enseñanza, se construyeron establecimientos educacionales y se fundó la Universidad de Concepción (1919).
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La Guerra Civil de 1891
La Guerra Civil de 1891
Las reformas realizadas a la Constitución de 1833 fortalecieron el poder del Congreso Nacional en desmedro de la autoridad del Presidente de la República, pasando el primero a ser el centro de la actividad política.
En 1886 José Manuel Balmaceda asumió la Presidencia de la República, pretendiendo concretar un programa de gobierno que incluía puntos tales como un incentivo en obras públicas y mejoras sustanciales en la educación. Su estilo de gobernar, marcadamente “presidencialista”, chocó con la fuerza del parlamentarismo que reinaba en el Congreso, el que cuestionaba las grandes sumas de dinero invertidas en obras públicas y las opiniones del presidente en torno a la propiedad salitrera. Los montos destinados a obras públicas eran cuestionados por el Congreso. Basta señalar que en 1886 a este rubro se destinaron 10.263.344 pesos y que en 1890 esa cifra ascendió a 21 millones. Estos montos no hacen más que representar la importancia que la industria salitrera tenía para el país. Balmaceda estaba interesado en su desarrollo. y por ello fue que, en 1889, viajó al norte para interiorizarse de su funcionamiento. En uno de los discursos que pronunció, se manifestó contrario al monopolio extranjero, lo que se consideró como una clara muestra de rechazo a la concentración de la propiedad de oficinas e instalaciones en manos de John Thomas North. Para el Presidente era deseable que “aquella propiedad –como dijo—fuese también de chilenos”.
Muchos interpretaron sus palabras como un anuncio de nacionalización de las salitreras estableciéndose la propiedad estatal sobre ellas, pero en estricto rigor, sus palabras únicamente contienen la expresión de un deseo de abrir el monopolio a la participación de capitales chilenos.
La desconfianza hacia el gobernante aumentaba, e incluso se temía su intervención en la próxima elección presidencial. Por ello, se cuestionaba constantemente la integración de sus gabinetes, forzándose los constantes cambios ministeriales. Balmaceda llegó a tener 14 gabinetes.
Estos cambios se lograban utilizando mecanismos de presión que consideraban el potencial rechazo por parte del Congreso a las leyes periódicas (presupuesto, contribuciones y fuerzas armadas) que según el texto de 1833, debían ser aprobadas necesariamente por este. Particularmente, la de Presupuesto de la Nación tenía que ser despachada todos los años. De este modo, si bien la designación y mantención de los ministros de Estado dependía exclusivamente del Presidente, ante el riesgo de encontrarse sin aquellas leyes, lo que habría imposibilitado la administración del país, este optaba por ceder y componer un nuevo gabinete más acorde a la mayoría parlamentaria.
Así, si bien la designación y mantención de los ministros de Estado dependía exclusivamente del Presidente, este, ante el riesgo de encontrarse sin aquellas leyes, lo que habría imposibilitado la administración del país, optaba por ceder y componer un nuevo gabinete más acorde a la mayoría parlamentaria.
A fines de 1890 se llegó a un punto crucial. El Presidente se negó a continuar cediendo ante las presiones de los parlamentarios, a pesar de que aún estaba pendiente el despacho de la ley de presupuestos para el año siguiente. En estas circunstancias, apenas iniciado el año 1891 Balmaceda, por medio de un decreto, prorrogó la vigencia de la ley presupuestaria aprobada para 1890. Este hecho, claramente inconstitucional, marcó la profunda división que se vivía. El Congreso respondió destituyendo al gobernante y la crisis se hizo total. Apoyados por la marina y una parte del ejército, los parlamentarios dieron vida a una Junta de Gobierno integrada por el capitán de navío Jorge Montt designado Comandante de la Escuadra, el Vicepresidente del Senado, Waldo Silva, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Ramón Barros Luco y se desplazaron hacia Iquique, donde organizaron nuevas tropas.
La primera acción militar se produjo en Pozo Almonte, en las cercanías de aquel puerto (marzo de 1891).
En agosto siguiente, las tropas congresistas desembarcaron en Quinteros y vencieron en las batallas de Concón y Placilla (21 y 28 de agosto).
Ante la derrota militar, Balmaceda entregó el mando de la capital al general Manuel Baquedano, el héroe de la Guerra del Pacífico, con la esperanza de que el prestigio del militar pudiese evitar las venganzas que se podían producir. Pese a esto, los partidarios de Balmaceda, e incluso algunas familias que no habían tomado partido en el conflicto, vieron sus propiedades saqueadas por las turbas que recorrían la capital.
El Presidente se asiló en la embajada argentina y tras redactar una serie de cartas, se suicidó el 19 de septiembre, el mismo día en que concluía su mandato constitucional.
En una de esas misivas, conocida como su “Testamento Político”, Balmaceda manifestó que mientras subsistiera el parlamentarismo no existiría la libertad electoral ni una organización política seria.
A su juicio, tras el triunfo de los revolucionarios reinarían las divisiones y se dificultaría la acción del Presidente de la República. Según sus palabras “solo en la organización del gobierno popular representativo, con poderes independientes y responsables y medios fáciles y expeditos para hacer efectiva la responsabilidad, habrá partidos con carácter nacional y derivados de la voluntad de los pueblos, y armonía y respeto entre los poderes fundamentales del Estado”.
Realizadas las elecciones, Jorge Montt resultó electo Presidente de la República.
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"Parlamentarismo" Chileno
"Parlamentarismo" Chileno
El “parlamentarismo” es una forma de gobierno en la que, de acuerdo a las atribuciones que la Constitución política entrega a las distintas autoridades, el poder está centrado en el parlamento o congreso, y no en el poder ejecutivo.
Para que este sistema funcione correctamente, se requiere básicamente de la existencia de dos partidos políticos que se alternen en el gobierno, de acuerdo al resultado de las elecciones, y se necesita que existan algunos mecanismos específicos, tales como la posibilidad del poder Ejecutivo de disolver la Cámara de Diputados y que en el Congreso exista la clausura del debate, para poner fin a la discusión de los proyectos de ley. De lo contrario, las minorías obstruyen y gobiernan.
Como ninguna de estas características se cumplía en el sistema político chileno, y como tampoco se reformó la Constitución para alterar el régimen político, el “parlamentarismo” que rigió en Chile en realidad no era tal, e incluso más, nunca se estableció en la Constitución Política del país.
Las reformas que se habían introducido al texto fundamental, en todo caso, tendían a fortalecer el poder del Congreso Nacional en detrimento del que detentaba el Presidente de la República:
Curiosamente, uno de los parlamentarios más proclives a varias de estas reformas fue José Manuel Balmaceda, quien posteriormente, cuando fue electo Presidente de la República, se enfrentó al Congreso y vio su acción de gobierno dificultada por ese cuerpo representativo.
Entre 1891 y 1925 el predominio del parlamento quedó claramente establecido en los hechos, pero no en las leyes.
Los ministros de Estado (nombrados por el Presidente, y que se mantenían en sus cargos mientras contasen con su confianza) debían contar, según la práctica política impuesta, con el beneplácito de los parlamentarios. De lo contrario, no podían asumir sus cargos. Una vez en ellos podían ser interpelados, es decir, llamados a la cámara baja para dar cuenta de sus acciones, a lo que normalmente seguía un voto de confianza. De no obtenerlo, el ministro cuestionado debía renunciar y cuando ello ocurría, los otros ministros renunciaban en solidaridad produciéndose una rotativa ministerial.
La otrora poderosa figura del Presidente de la República quedó reducida a la de un mero árbitro que buscaba componer las relaciones entre los distintos partidos políticos, los que se aliaban en dos grandes sectores: La Alianza Liberal, que reunía diversas facciones del liberalismo, los demócratas y los radicales; estos últimos dieron un giro en 1906, cuando la línea de Valentín Letelier se impuso a la de Enrique Mac-Iver y la colectividad asumió el principio de la justicia social como meta de partido, y la Coalición, donde hacían de eje los conservadores que seguían siendo fieles a los principios del catolicismo, a los cuales se sumaban los nacionales y algunos liberales.
En estas condiciones, resultaba prácticamente imposible para los gobiernos emprender grandes obras. Se cayó en una inactividad política: Entre los distintos partidos, no existían conflictos o diferencias significativas respecto de los problemas más reales y profundos del país. En muchos casos, la política se reducía a preparar la “próxima elección” en banquetes realizados en el Club de la Unión. Las elecciones no estaban exentas de vicios electorales, como el cohecho, la alteración de los resultados, el voto de los muertos o las presiones patronales.
Con todo, algunas iniciativas destacadas, fueron la dictación de la ley de Comuna Autónoma (1891), que independizaba la administración comunal del poder ejecutivo, lo que resultaba conveniente para el sistema partidista vigente; la creación del Consejo de Defensa Fiscal, la promulgación del Código de Procedimiento Civil y el de Procedimiento Penal.
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La "Cuestión Social"
La "Cuestión Social"
Si bien las cifras referentes al desarrollo económico refieren una situación de bienestar, existía una dura y compleja realidad social.
El auge económico implicó un agudo proceso migratorio desde el campo hacia las oficinas salitreras y hacia ciudades que, como Santiago, no estaban preparadas, desde el punto de vista urbano, para absorber el impacto causado por un brusco ascenso en su población.
Los recién llegados no encontraban un lugar para vivir y debían ocupar viviendas, cuyas condiciones eran bastante deficientes en todo aspecto. Los llamados “Cuartos redondos” eran piezas sin iluminación y ventilación. Los “ranchos”, simples construcciones de adobe con techumbre de paja, y los “conventillos”, no eran otra cosa que piezas alineadas a ambos costados de una calle interior que servía de patio.
Las condiciones de hacinamiento y las de higiene (basuras y extracción de aguas servidas) aumentaban el riesgo de contraer todo tipo de enfermedades, lo que a fin de cuentas, redundaba en epidemias de peste bubónica, neumonía, difteria y otras, a las que se agregaban las enfermedades de transmisión sexual y una alta tasa de alcoholismo. En 1907, la mortalidad Infantil llegó a ser de 302 por cada mil nacidos vivos y la expectativa de vida era del orden de los 32 años.
En las oficinas salitreras la vida no era muy distinta. Las habitaciones de los obreros y sus familias eran construidas de material metálico, lo que las hacía prácticamente inhabitables en el día, por el calor, y en la noche, por el frío. La higiene también era deficitaria, debido a la escasez de médicos para atender a grandes cantidades de personas.
Las condiciones laborales también eran deplorables. Prácticamente no existían los contratos de trabajo y los sistemas de previsión; las jornadas podían prolongarse hasta por catorce horas. Incluso, en las salitreras, no se cancelaban los jornales con dinero, sino que con fichas confeccionadas de distintos materiales, y que solo tenían valor en la pulpería (un almacén) de la misma oficina.
Esta situación originó la aparición de varias organizaciones y movimientos obreros que se sumaron a los ya existentes, pues en 1853, se había creado la Sociedad Unión de Tipógrafos de Santiago, y en 1862, la Sociedad de Artesanos La Unión. En 1900, se fundó el Congreso Social Obrero, que agrupaba a más de 150 sociedades obreras y en 1909, se fundó la Federación Obrera de Chile (FOCH). Algún avance se logra con el mutualismo, cuyo objeto es procurar la ayuda mutua en pro del mejoramiento material e intelectual del obrero y luego, con las mancomunales, las organizaciones más significativas a comienzos del siglo XX, que fueron combativas sin salirse de los marcos del sistema. También hubo Sociedades de Resistencia que contribuyeron en alguna medida a la formación de la conciencia obrera; estas últimas estaban inspiradas en el anarquismo y se pronunciaban en contra del Estado, el clero y el capital. La actividad partidista vinculada al movimiento obrero también se hace presente a principios del siglo. Algunos miembros del Partido Democrático, que se había fundado en 1887 con Malaquías Concha, decidieron retirarse y fundar, en 1912, el partido Obrero Socialista dirigido por el obrero tipógrafo Luis Emilio Recabarren; en 1922, esta colectividad se transforma en el Partido Comunista e ingresa a la III Internacional.
Las huelgas eran ilegales, y por lo tanto, fueron reprimidas, produciéndose graves consecuencias. En 1903, durante la huelga de los obreros portuarios de Valparaíso, murieron 50 personas; en 1907, durante la huelga de la carne, en Santiago, el número aumentó a 70 y en un movimiento de carácter más masivo, ocurrido en 1907, en Iquique, el que involucró a los trabajadores de las salitreras de Tarapacá, y que es conocido como la Matanza de la Escuela Santa María, las fuentes hablan de 2.000 muertos y otros tantos heridos, en una de las más grandes tragedias obreras de nuestra historia.(Pinto, Fernando, Crónica Política del siglo XX).
Mientras tanto, la vida de los sectores altos era diametralmente opuesta. Constituían un centenar de familias que dominaban los negocios, la agricultura y la banca y sus vinculaciones económicas con la explotación salitrera les proporcionaban importantes recursos, que se invertían en la construcción de grandes mansiones y residencias, cuyo mobiliario era importado desde Europa. Los viajes al Viejo Mundo eran algo cotidiano, adoptándose la costumbre de educar a sus hijos en aquellos países, especialmente en Francia. En Santiago, aún subsisten algunos de estos edificios, como por ejemplo, el palacio Cousiño.
Participan también en los principales partidos políticos y ocupan los más importantes cargos en la administración. Su posición respecto de las cuestiones sociales es más bien de indiferencia y en general, son adherentes al liberalismo y se oponen a que el Estado se comprometa en estas materias. Con excepción de algunas personalidades de mayor sensibilidad, la mayoría prefiere ignorar tanto el rol del Estado como la problemática social misma. Según la expresión de un político conservador “la cuestión obrera no existe en Chile”.
En esta época, se advierte, al mismo tiempo, el crecimiento de la clase media, nacida en la segunda mitad del siglo, como consecuencia de la expansión del sistema educativo, el comercio y la burocracia.
En su desarrollo y toma de conciencia como clase, es fundamental el proceso de urbanización que se manifiesta sobre todo en las ciudades más grandes, como es el caso de Santiago y Valparaíso, cuyos habitantes se elevaron de 115.000 y 70.000 a 258.000 y 132.000, respectivamente entre 1865 y 1895.
Provenientes de los sectores bajos, muchas personas lograron mejorar sus condiciones de vida e insertarse en diversas actividades de la realidad nacional, como la administración pública y la educación, entre otros servicios, y de modo importante, en las fuerzas armadas.
La respuesta del Estado ante los problemas socio-económicos fue menor. Se promulgaron una serie de leyes sociales que solo resolvían situaciones puntuales y en algunos casos, era difícil ponerlas en práctica. En 1906, se promulgó la Ley de Habitaciones Obreras, en 1907 la ley de Descanso Dominical (reformada en 1917), en 1912, la ley sobre Trabajo Infantil, en 1915, la Ley de la Silla, al año siguiente, la de Accidentes del Trabajo (reformada en 1924), en 1917, la ley de Servicio de Salas Cunas en las Fábricas y la Ley de Retiro y Previsión Social de los empleados de ferrocarriles, en 1920 la ley de Instrucción Primaria Obligatoria con el Presidente Sanfuentes y el Ministerio de Arturo Alessandri. Estas disposiciones fueron un pequeño esfuerzo, la magnitud del problema requería sin duda de soluciones de mayor envergadura.