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La Evolución Política
La Evolución Política
Entre 1925 y 1990, la evolución de la política chilena puede ser dividida en 5 etapas:
- En la primera se destacan el gobierno de Alessandri, la dictadura de Ibáñez, la Anarquía y el regreso de Alessandri (1925-1952).
- La segunda es la conocida como la de los gobiernos radicales (1938-1953).
- La tercera está marcada por dos presidentes independientes: Carlos Ibáñez y Jorge Alessandri (1952-1964).
- La cuarta abarca los gobiernos reformistas de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende (1964-1973).
- La quinta corresponde al gobierno militar (1973-1990).
• Período 1925-1938
En la elección de 1920, Arturo Alessandri se presenta como candidato de la Alianza Liberal y entre los principales puntos de su programa se contemplan la aprobación de las leyes sociales y la reforma a la Constitución de 1833 a fin de modernizarla, incorporar a ella importantes aspectos sociales y modificar el régimen político aumentando el poder del Ejecutivo. Enfrenta a Barros Borgoño, candidato de la Coalición, en una campaña intensa y confrontacional, de nuevo estilo, con discursos y movilizaciones, mediante los cuales ganaba adeptos entre los trabajadores y las clases medias.
Luego de ganar la elección por estrecho margen, se abocó al cumplimiento de su programa, pero, como era de esperarse, tuvo al frente a la oposición parlamentaria que se negaba sistemáticamente a aprobar los proyectos de ley de contenido social.
En 1924, una movilización militar que se produce luego que el Congreso aprobara la dieta parlamentaria y no un reajuste para las fuerzas armadas, determinó un cambio trascendental en la vida de la República. Las leyes sociales fueron aprobadas, entre otras, la de Contrato de Trabajo, Organización Sindical, Tribunales de Conciliación y Arbitraje, Seguro Obrero, Accidentes de Trabajo, Sociedades Cooperativas, Caja de Empleados Particulares, todas consideradas de suma urgencia, pero la participación militar y los actos posteriores a la aprobación de estas leyes, interrumpieron la institucionalidad democrática, lo que obligó a Alessandri a renunciar.
El Congreso, antes de ser disuelto por lo militares, alcanzó a otorgar un permiso por seis meses al Presidente con facultad para ausentarse del país, por lo que esa renuncia no se hizo efectiva. Disuelto el Congreso y luego del breve gobierno castrense, una Junta denominada civilista, llamó a Alessandri para que completara su gobierno y de esta manera, en marzo de 1925, volvió el Presidente que había viajado a Europa. Se aprobó entonces el texto de la nueva Constitución de 1925, que otorgó más facultades al Ejecutivo, puso término al uso político de las leyes periódicas, separó la Iglesia del Estado e incorporó orientaciones de tipo social en la vida institucional.
También se creó el Banco Central, antigua aspiración de Alessandri, que pasa a ser el único organismo autorizado para acuñar moneda y que se preocupa de velar por la estabilidad monetaria en el país.
Sin embargo, uno de los aspectos que complica la gestión del Presidente en esta última etapa es la negativa de Carlos Ibáñez del Campo, coronel de Ejército y Ministro de Guerra, a dejar su cargo. Ibáñez, que había participado en las intervenciones militares, tenía intención de postular a la Presidencia de la República. Ante tal situación, Alessandri renuncia indeclinablemente dejando el gobierno en manos de Luis Barros Borgoño, Ministro del Interior y rival suyo en las elecciones del año 20.
Como el período presidencial de Alessandri concluía el mismo año 1925, se empezaron a plantear las candidaturas presidenciales. Como ya se ha dicho, uno de los potenciales candidatos era Carlos Ibáñez del Campo,cuya negativa a renunciar al Ministerio de Guerra, ponía al gobierno en riesgo de una acusación de intervención electoral.
Renunciado Alessandri, Luis Barros Borgoño nombrado Vice-presidente, convoca a elecciones. Barros nombró a la totalidad de su gabinete con una la excepción, el del ministro de guerra. Finalmente, Ibáñez decidió no presentarse y apoyó la candidatura de Emiliano Figueroa Larraín, quien triunfó en la elección.
Figueroa mantuvo a Ibáñez en su cargo y más tarde lo nombró en la cartera de Interior. Desde allí, este continuó su labor de supervigilancia de la aplicación de las reformas, pero lo hizo aplicando mano dura. Muchos dirigentes políticos fueron encarcelados y otros partieron al exilio, e incluso ordenó la remoción de varios jueces, asunto que, de acuerdo a la constitución y las leyes, era privativo del poder judicial.
Javier Ángel Figueroa Larraín, Presidente de la Corte Suprema y hermano del Presidente de la República, protestó enérgicamente por este atropello. Ibáñez respondió decretando su arresto domiciliario. Ante tal situación, Emiliano Figueroa presentó su renuncia, lo que provocó que Ibáñez asumiera como Vicepresidente y convocara a elecciones, en las que triunfó con cerca del 98% de los votos.
Ibáñez inició su gobierno (1927–1931), aplicando duras medidas restrictivas y en medio de fuertes críticas hacia los partidos políticos y sus miembros.
La crisis económica de 1929-1930 afectó fuertemente a la economía nacional y surgió el descontento contra el gobierno, que finalmente obligó al mandatario a renunciar en 1931, entregando el mando al Presidente del Senado, Pedro Opazo Letelier. Se inició, entonces, un breve período de inestabilidad que se puede graficar como sigue:
La presión cívico-militar desembocó en un proceso eleccionario en el que Alessandri se alzó con la victoria. En su segundo gobierno, debía enfrentar una complicada situación económica, originada por la depresión mundial y sus efectos en la industria salitrera y, además, debía conseguir que las instituciones militares retornasen definitivamente a sus funciones profesionales, lo que logró tras un período en que debió gobernar con facultades extraordinarias, reimponiendo el orden constitucional.
Entre sus obras, se cuentan la reanudación del servicio de la deuda, gracias a la gestión de Gustavo Ross Santa María; la ley de sueldos mínimos para los empleados del comercio, la ley de medicina preventiva y la entrega del derecho a voto a la mujer en las elecciones municipales.
La existencia de la Milicia Republicana, la promulgación de la ley de Seguridad Interior del Estado y los dolorosos sucesos de Ranquil, con la pérdida de la vida de muchos obreros, fueron hechos que complicaron la labor y la imagen del gobierno. La época ve nacer, además, nuevas entidades políticas que adquieren protagonismo en la vida nacional. Entre ellas, se cuentan el Partido Nacista, el Partido Socialista y la Falange Nacional.
El Radicalismo, por su parte, forma el Frente Popular con comunistas y socialistas para enfrentar la elección de 1938, a la cual también se presenta Ibáñez como candidato apoyado por la Alianza Popular Libertadora.
El oficialismo tiene puestas sus expectativas en la persona de Gustavo Ross Santa María. Sin embargo, un intento de golpe de Estado protagonizado por los jóvenes nazis, en septiembre de 1938, tiene como consecuencia la muerte de muchos de ellos en las oficinas del edificio del Seguro Obrero. Como producto de esta situación, se produce el retiro de la candidatura de Ibáñez, a quien se relacionaba con los lamentables hechos y el electorado se vuelca en favor al candidato radical, el abogado y profesor de castellano, Pedro Aguirre Cerda, quien resulta electo, imponiéndose al candidato de gobierno.
• Los Gobiernos Radicales (1938-1952)
La gran transformación de esta época fue la aplicación de una política de sustitución de importaciones, que tendía a incentivar el crecimiento de la industria nacional, reduciéndose de paso la cesantía y mejorándose los niveles de vida.
En 1939, se dio vida a la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, un organismo estatal, cuya finalidad era establecer las bases para el desarrollo nacional, a través de la creación de varias empresas filiales que se abocarían a promover la actividad económica de diversos sectores, que eran considerados básicos para lograr la meta de la industrialización.
Así se creó la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), la Empresa Nacional de Petróleos (ENAP) y la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), entre otras. Hitos importantes de este plan fueron la explotación del petróleo en Magallanes (1945) y la inauguración de la usina de Huachipato. Todo esto requería de personal calificado y por ello fue que se creó la Universidad Técnica del Estado, cuyo nombre indica su orientación fundamental. La educación también fue un sector al que se prestó gran atención. Pedro Aguirre Cerda se hizo bastante conocido por su lema “Gobernar es educar”. Se crearon miles de escuelas y se modernizó la Universidad de Chile.
Por esos años, también fue necesario enfrentar el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sus efectos políticos y económicos. Inicialmente, la política exterior chilena se caracterizó por su neutralidad ante el conflicto, pero debido a las presiones recibidas, se terminó por romper las relaciones diplomáticas con los países del Eje (Alemania, Italia y Japón), y finalmente, se declaró la guerra a Japón, lo que ocurrió en la presidencia de Ríos Morales. Fue por ello que, concluido el conflicto, Chile también formó parte de los estados fundadores de las Naciones Unidas (1945).
Dos de los presidentes radicales, Aguirre Cerda y Ríos Morales, fallecieron en el ejercicio de su cargo. Sólo González Videla pudo concluir su mandato. Este último fue quien firmó la Declaración de Santiago por la cual Chile, Ecuador y Perú reclamaron el derecho a las 200 millas marinas de Zona Económica Exclusiva (Mar Patrimonial) y además, en el plano político, la aprobación de plenos derechos cívicos para las mujeres en 1949, lo que les permitió participar en la elección presidencial siguiente.
El término de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de una nueva época de enfrentamiento entre las dos grandes potencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. La “Guerra Fría”, implicó la división del mundo en dos, un bloque comunista y otro capitalista. Chile se integraba en este último sector, pero su gobierno contaba con el apoyo del partido comunista. Este factor resulta de importancia a la hora de explicar el término de los gobiernos radicales, pues este nuevo marco, y el crecimiento individual experimentado por los partidos socialista y comunista terminaron por disolver el Frente Popular, tanto que en 1948 se dictó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la que dispuso que el partido comunista fuese proscrito y que sus máximos dirigentes fuesen encarcelados en la localidad nortina de Pisagua.Sin el apoyo de la izquierda, el radicalismo se orientó hacia la derecha.
Estos cambios, la desconfianza creciente hacia los políticos y la inflación, fueron los puntales básicos de un candidato que prometía terminar con todo esto: Carlos Ibáñez, quien volvería a La Moneda.
• Presidencias de Carlos Ibáñez y Jorge Alessandri (1952-1964)
En la primera elección presidencial en que las mujeres pudieron ejercer su derecho de sufragio (logrado en 1949), resultó vencedor Carlos Ibáñez del Campo, conocido ahora como “El General de la Esperanza”.
Ibáñez basó su campaña en su carisma personal, lo que le granjeó el apoyo de vastos sectores independientes, e incluso de muchos militantes de varios partidos políticos.
A pesar de su carisma, para gobernar requería del apoyo de los partidos políticos representados en el parlamento, puesto que, sin ellos, no podía concretar sus iniciativas. La relación entre ambos poderes del Estado fue compleja, tanto que durante toda la vigencia de la Constitución de 1925, Ibáñez fue el único Presidente contra el que se presentó una acusación constitucional, la que si bien fue rechazada, permite dimensionar la resistencia que experimentaba.
Segundo Gobierno de Ibáñez (1952-1958)
Confiando en las transformaciones y en el poder del Estado, Ibáñez contaba al inicio de su segunda Presidencia con un respaldo heterogéneo, que luego fue reduciéndose cada vez más a fuerzas de derecha. En este contexto, se crea el Banco del Estado, la Corporación de la Vivienda (CORVI), el Departamento del Cobre y el Ministerio de Economía (1953). Intentó controlar la inflación, que sobrepasaba el 80% en 1955, contratando la misión Klein Sacks, asesores extranjeros expertos en el tema. Sin embargo las medidas adoptadas: disminución del gasto público y congelación de los salarios, agravaron el problema, provocaron más cesantía y afectaron a diversos sectores de la economía, especialmente la construcción, todo lo cual condujo a una masiva movilización social opositora y a medidas represivas adoptadas por el gobierno que aumentaron el descontento.
En el ámbito político, se derogó la ley de Defensa de la Democracia. Aunque el gobierno de Ibáñez enfrentó muchas dificultades, temiéndose, incluso, que su mandato no concluyera dentro de los cauces institucionales, este logró entregar el poder a su sucesor, el candidato independiente don Jorge Alessandri.
En este período, nace la Central Única de Trabajadores (CUT), bajo el liderazgo de Clotario Blest. Se crea también , en esta época, el Partido Demócrata Cristiano, que emerge de la fusión de conservadores socialcristianos y la Falange Nacional. Esta nueva colectividad jugará un rol importantísimo en las elecciones futuras.
Nuevas instituciones Creadas durante el gobierno de Ibáñez
* Banco del Estado. *Ministerio de Minería.
*Instituto de Seguros del Estado (Ise).
*Corporación de la Vivienda (Corvi).
*Superintendencia de Educación.
En la elección presidencial de 1958, el triunfo quedó en manos de otra persona también ajena a la militancia en los partidos políticos, aunque contó con el apoyo de los partidos de derecha: Jorge Alessandri Rodríguez.
Una de las primeras preocupaciones del nuevo gobierno fue atacar decididamente el problema de la inflación. La receta fue simple: Reducción del gasto fiscal, reforma monetaria (desapareció el Peso y en su lugar se estrenó el Escudo, el que durante algunos años gozó de estabilidad ante el dólar norteamericano), y evitar las presiones inflacionarias que se producían por las alzas de salarios. Un ambiente de profunda austeridad se empezó a vivir en el gobierno, y el Presidente Alessandri fue el primero en cumplir con esa nueva modalidad.
Una reforma interesante, aunque limitada, se llevó a cabo en la administración de Alessandri en lo concerniente al régimen de tenencia de tierras. En 1959, una revolución derrocó al dictador cubano Fulgencio Batista. El nuevo régimen de gobierno de la isla caribeña adoptó el comunismo como modelo de organización. Estados Unidos intentó desestabilizar al nuevo gobierno cubano, pero fracasó. Ello llevó a que en su política internacional se impusiera una nueva máxima “Evitar una segunda Cuba en América Latina”.
En concordancia con esto el presidente John F. Kennedy creó la Alianza para el Progreso y expuso un vasto plan de reformas para la región. La idea era combatir las desigualdades socioeconómicas y por esa vía, quitar el sustento a las agrupaciones políticas de izquierda. El plan incluía instancias de ayuda económica, técnica, cultural y educacional, y al mismo tiempo, hacía presente la necesidad de realizar reformas estructurales, entre ellas, en la tenencia de tierras en las zonas rurales, donde existía el latifundio. En Chile, se acogió esta iniciativa y en 1962, se dictó la primera ley de Reforma Agraria, la que, dado el carácter conservador del gobierno, resultó insuficiente. Se debe señalar que el plan de EEUU provocó el más absoluto rechazo de parte de las fuerzas políticas de izquierda y ciertos sectores del centro político que, levantando las banderas del antiimperialismo, se movilizaron y ganaron considerable apoyo en la juventud y en la intelectualidad nacional.
Por otra parte, algunas ciudades de Chile (Arica, Viña del Mar y Santiago, entre otras) experimentaron algunos cambios debidos a la realización del Campeonato Mundial de Fútbol (1962). Importante es destacar también, la obra educacional del gobierno que se tradujo en la construcción de 1000 escuelas primarias y 40 liceos, además de importantes institutos de enseñanza profesional; asimismo, se creó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), Líneas Aéreas del Cobre (LADECO). A ello se suma la construcción de viviendas económicas con el D.F.L. 2 y los esfuerzos realizados para la reconstrucción de las ciudades del sur, afectadas por el terremoto de 1960, especialmente Valdivia y Corral, las que quedaron absolutamente destruidas como efecto del movimiento sísmico en sí y del posterior maremoto.
Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende (1964-1973).
Tres candidatos presentaron sus propuestas para la elección presidencial de 1964: Eduardo Frei (Democracia Cristiana), Salvador Allende (Socialista) y Julio Durán (partido radical, apoyado también por conservadores y liberales). Tres candidatos, tres sectores: centro, izquierda y derecha.
Con anterioridad a la elección presidencial, hubo necesidad de realizar una elección complementaria, debido al fallecimiento del diputado socialista por Curicó, Oscar Naranjo. La cercanía de ambos eventos electorales hizo que muchos vieran en esta elección un anticipo de la presidencial. Las consecuencias de esta fueron de importancia. Oscar Naranjo, hijo del extinto parlamentario, y también militante de la izquierda, resultó triunfante. Muchos conservadores y radicales avizoraron, entonces, el triunfo de Salvador Allende, circunstancia que, en un mundo en que se encontraba en pleno desarrollo la Guerra Fría, no era una cuestión menor. Para ellos, existía el serio peligro de que un marxista llegara al poder. En este escenario, decidieron apoyar la candidatura de Frei Montalva, quien postulaba una serie de transformaciones en la sociedad chilena (muy parecidas a las que proponía Allende, pero de alcance más limitado), las que se englobaban bajo el concepto de “Revolución en Libertad”.
Entre ellas se destacaban:
1. Reforma Agraria: Crear alrededor de 100.000 nuevos propietarios agrícolas. 2. Programa de promoción popular: Incentivar la participación de la ciudadanía y mejorar sus condiciones de vida, especialmente en los sectores más populares.
3. Chilenización del Cobre: Aumentar la participación chilena en la propiedad de los grandes yacimientos cupríferos.
4. Programa de vivienda.
5. Reforma educacional.Frei Montalva se alzó con la victoria, al obtener un 56% de los votos. De acuerdo a lo propuesto en la campaña, en 1967 se dictaron las leyes de Reforma Agraria y de Sindicalización Campesina. Hasta 1970, se expropiaron alrededor de 3 millones y medio de hectáreas, las que se entregaron a asentamientos cooperativos conformados por los campesinos, tierras que después debían deslindarse.
Ese mismo año, el Estado chileno adquirió grandes paquetes accionarios de las filiales de las empresas norteamericanas que explotaban los grandes yacimientos cupríferos de Chuquicamata, El Teniente, La Exótica y Andina. Para manejar estos nuevos intereses, se había creado la Corporación del Cobre (CODELCO).
En 1968, se dictó la ley de Juntas de Vecinos, se legalizó la existencia de los centros de madres y de otras organizaciones comunitarias. También los sindicatos crecieron en número como efecto de la política de promoción popular, pasando de unos 270 mil que había en 1964, a alrededor de 500.000 en 1970.
La educación tampoco estuvo ajena a las modificaciones. La enseñanza básica fue ampliada a 8 años, a los que seguían otros 4 de enseñanza media, y se creó el Centro de Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, entidad destinada a promover el desarrollo de políticas pedagógicas y el perfeccionamiento de los docentes.
Pese a todos estos cambios, muchos anhelos parecían insatisfechos. Esto provocó que en la elección de 1970 se enfrentaran nuevamente los “tres tercios” de la política nacional: Jorge Alessandri (derecha) Radomiro Tomic (Democracia Cristiana) y Salvador Allende (izquierda). La elección la ganó este último, superando por apenas 39.175 votos a Alessandri. Como Allende no reunía el 50% más uno de los votos, el Congreso debía ratificarlo, y fue por ello que se iniciaron conversaciones entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, llegándose a un acuerdo que fue conocido como Pacto de Garantías Constitucionales no sin antes haber pasado el país por uno de los momentos más críticos de la historia, cuando un comando de ultraderecha, con la intención de que las fuerzas militares reaccionaran impidiendo la designación de Allende, asesinó al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, General René Schneider. Finalmente, Allende asumió la presidencia.
Llevar a cabo las propuestas de la izquierda no fue fácil, debido a la oposición de Estados Unidos y la creciente radicalización política que se empezó a vivir en el país, la que se expresó a través de la aparición de grupos de posiciones extremas, tanto en la derecha como en la izquierda. Aun así, se logró la plena recuperación de la riqueza cuprífera cuando en 1971, mediante reforma constitucional aprobada por el Congreso Pleno, el Estado chileno pudo nacionalizar la gran Minería del Cobre.
La reforma agraria fue profundizada, expropiándose alrededor de dos millones de hectáreas, lo que dio origen a otro foco de conflicto, generándose violentos choques. La intención de potenciar el área estatal de la producción también generó disputas, pues se procedió a requisar un sinnúmero de industrias y a controlar por parte del Estado más del 50% de los Bancos privados.
La inflación volvió a retomar ritmos crecientes, debido a la emisión inorgánica. En 1972, se alcanzó una cifra cercana al 140%. Como consecuencia de ello, apareció el mercado negro de productos de primera necesidad. Como estos tenían un precio fijo, era más rentable venderlos al margen de los mercados formales, lo que generó acaparamiento y desabastecimiento. La situación económica era cada día más compleja y en octubre de 1972 se produjo un paro general.
La tensión política también era creciente e incluso, en junio de 1973, un regimiento de blindados rodeó el palacio de La Moneda en un intento de golpe de Estado que no fructificó. Las instancias de promoción de un diálogo político fracasaron y finalmente, el esquema político de los tres tercios se quebró cuando la Democracia Cristiana terminó por unirse al partido Nacional en la oposición al gobierno.
En agosto de 1973, la Cámara de Diputados adoptó un acuerdo en el que se representaba al Presidente Allende y a los ministros militares que había integrado en su gabinete, una serie de actos que consideraba inconstitucionales. Los diputados llamaban a los ministros militares “a encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional” 1973.La crisis culminó con el golpe militar que se produjo el 11 de septiembre del mismo año 1973.
• El Gobierno Militar
La Junta Militar, integrada por los generales Augusto Pinochet, Gustavo Leigh, César Mendoza y el almirante José T. Merino, asumió el mando el mismo 11 de septiembre de 1973. El año siguiente, el primero de ellos asumió la Presidencia de la República.
La instauración del gobierno militar fue resistida por los partidos y agrupaciones de izquierda, y por otros civiles que no toleraron las actuaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI). La extrema polarización política que se había vivido generó situaciones de violación a los derechos humanos, que implicaron detenciones, torturas, desapariciones y muertes, que se proyectaron durante todo el gobierno militar, cobrando víctimas en ambos bandos, pues algunos grupos armados de extrema izquierda actuaban contra militares y personeros del gobierno. La presión internacional por esta situación fue creciente, llegándose incluso a aprobar condenas por ello, en las Naciones Unidas. En 1978 se produjo el primer cambio en la conformación de la Junta de Gobierno. El general Leigh, quien se había caracterizado por sus críticas en torno al problema institucional (el gobierno no había establecido plazos para su gestión), fue destituido por “incapacidad absoluta” para seguir ejerciendo el cargo. La medida también significó que casi todos los generales de la FACH fueran pasados a retiro. Fernando Mathei tomó el lugar del general Leigh.
En esta materia, en septiembre de 1973, se había establecido que la Constitución de 1925 mantenía su vigencia; pero ello no era del todo claro, por cuanto la Junta de Gobierno había asumido el Poder Legislativo y también el constituyente, y muchas veces no se podía diferenciar si sus normas se dictaban en el ejercicio de uno u otro poder. Esos mismos días, el gobierno había nombrado una comisión para que elaborara un anteproyecto de nueva Carta Fundamental para el país. Luego de años de trabajo de este organismo y del Consejo de Estado, el proyecto fue entregado a la Junta militar en 1980. La Carta fue aprobada en un plebiscito que no estuvo exento de cuestionamientos, en septiembre de ese mismo año.
El nuevo texto constitucional entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, estableciendo un sistema presidencialista de gobierno; creó un Tribunal Constitucional para resolver posibles conflictos entre ambos poderes; un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Primer Mandatario e integrado por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente del Senado y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Además, la Constitución consagró la institución de los senadores designados, la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y el sistema electoral binominal. El mandato presidencial fue fijado en ocho años, al término de los cuales, el ex presidente pasaba a ser senador vitalicio. Respecto de la transición a la democracia, se estableció que el Presidente en ejercicio (Augusto Pinochet) continuaría en el poder hasta 1988. Ese año su nombre fue propuesto para que continuase por otros 8 años, pero fue rechazado en el plebiscito realizado el 5 de octubre. De acuerdo al texto fundamental, el gobierno del general Pinochet se prolongó, entonces, hasta el 11 de marzo de 1990, cuando traspasó el poder a Patricio Aylwin, candidato triunfante en la elección realizada en 1989.
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La Economía
La Economía
Dos de las principales características de la evolución de la economía nacional en esta etapa de la historia del país han sido su marcada dependencia de los mercados externos y el problema de la inflación, es decir, el alza de los precios, situaciones que han influido incluso en materias políticas.
Desde fines de la primera guerra mundial (1914-1918), Estados Unidos había experimentado un notable proceso de desarrollo industrial, convirtiéndose en la primera potencia económica del mundo, llegando incluso a colocar grandes sumas de dinero en diversos países, en calidad de préstamos.
Chile no escapó a esta realidad mundial y los planes expansivos del primer gobierno de Ibáñez se financiaron con préstamos norteamericanos, lo que hacía que las variaciones que potencialmente pudiera experimentar el dólar tuvieran algún efecto en Chile. Por otra parte, Estados Unidos se había transformado en uno de los principales compradores del salitre chileno.
En octubre de 1929, se produjo la quiebra de la bolsa de valores de Nueva York, generándose lo que se ha conocido como la “Gran Depresión”. Esta situación repercutió casi de inmediato en el país: Chile debía cancelar las cuotas correspondientes a los créditos, y al mismo tiempo, veía como disminuían sus ventas de salitre.
El gobierno adoptó una serie de medidas para paliar los efectos de la crisis, pero su magnitud era algo nunca antes visto, por lo que ellas resultaron inútiles. En 1931, la crisis se tornó dramática con una fuerte disminución del poder adquisitivo, una gran cesantía y la necesidad de suspender el pago de la deuda externa por la falta de capitales.
El descontento contra el gobierno se hizo mayor y el general Ibáñez terminó por renunciar. La inestabilidad política de 1931 y 1932 se explica, en gran medida, como efecto de esta crisis mundial. La reducción de las exportaciones de salitre generó el despoblamiento de las oficinas salitreras del norte, lo que implicó el desplazamiento de una gran cantidad de personas hacia el centro y sur del país, y fundamentalmente, hacia Santiago, ciudad que no contaba con la infraestructura urbana para absorber ese impacto poblacional, y menos aun, podía ofrecer fuentes de trabajo.
No sin poco trabajo, Gustavo Ross, ministro de hacienda del Presidente Alessandri, logró, mediante la creación de la Corporación de Ventas del Salitre y Yodo, reducir el impacto de la crisis, consiguiendo un repunte de esta actividad, lo que permitió al fisco mejorar la recaudación tributaria, reuniéndose los fondos requeridos para el servicio de la deuda externa y para el gasto nacional. La inflación, que ya se había hecho presente, fue controlada mediante una reforma tributaria.
A esta recuperación, también contribuyó un vasto programa de obras públicas y la dictación de varias leyes de carácter social. Se edificó el Barrio Cívico de Santiago, construyéndose en los alrededores del palacio de La Moneda, grandes edificios que albergan aún hoy a varias reparticiones públicas y ministerios. De esta época datan también el Estadio Nacional y el edificio de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Paralelamente, se creó la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, la que se encargó de la construcción de varios centros educativos.
Ya en los años de los gobiernos radicales, la principal preocupación fue la industrialización, impulsada por el Estado a través de la Corfo. Se elaboró un plan de electrificación y se establecieron importantes empresas,tales como Endesa, Cap y Enap. Sin embargo, el crecimiento observado en el aparato estatal volvió a aumentar los índices de inflación. Por ello,este fue uno de los principales puntos de la campaña de Carlos Ibáñez en 1952.
Para buscar una solución técnica, se contrató a la firma consultora norteamericana Klein & Sacks, la que realizó los estudios pertinentes sobre la realidad económica nacional, a fin de presentar una serie de propuestas que incluían la necesidad de reorganizar y racionalizar la administración pública, establecer políticas crediticias, de remuneraciones, precios y subsidios. Las medidas propuestas fueron aplicadas, pero no se reformó la política tributaria, dada la impopularidad que una medida de ese carácter despertaría, lo que resulta altamente comprensible si pensamos en el carácter populista del gobierno de Ibáñez. Por ello, la inflación siguió su ritmo creciente, llegando hasta un 80%.
Para atacar este problema, Jorge Alessandri, en su gobierno, se esforzó por lograr una disminución en los gastos del Estado y realizó una reforma monetaria. Los resultados de esta política fueron palpables al poco tiempo. En 1959, la inflación alcanzó al 33% y en 1960 a solo un 5,4%. Sin embargo, la estabilidad cambiaria se perdió y el fenómeno inflacionario retomó su crecimiento, especialmente en 1963 y 1964, año este último de elección presidencial.
El endeudamiento externo también crecía. En 1960, era de 598 millones de dólares y una década después había crecido a 3.000 millones de dólares, siendo Estados Unidos el principal acreedor. Paralelamente, el comercio internacional era controlado por empresas extranjeras (aproximadamente un 50%, a mediados de la década de 1960). Sin embargo, es posible afirmar que, a pesar de las crisis y dificultades enfrentadas, el crecimiento económico era sostenido, lo que se manifestaba en el aumento del producto geográfico bruto por persona.
La inflación también estuvo presente en los gobiernos de Frei Montalva y de Allende, más controlada en el primero que en el segundo, como ya hemos visto.
A inicios de la década de 1970 un grupo de economistas con estudios en la Universidad de Chicago empezaron a proponer una serie de reformas estructurales que implicaban la adopción de un modelo de economía social de mercado, en la cual el Estado debía reducir drásticamente su participación, dejando un amplio campo a la iniciativa del sector privado. Este proyecto fue asumido por el gobierno militar en 1974, iniciándose la privatización de diversas empresas estatales y se terminó con las antiguas protecciones arancelarias. Entre otras empresas se privatizaron la CAP, SOQUIMICH, ENDESA, CHILECTRA Y IANSA.
En 1981, el déficit de la balanza de pagos era un 20 por ciento mayor que las exportaciones y alcanzaba a un 15 por ciento del Producto Nacional Bruto (PNB).
La banca internacional se atemorizó, y cada día fue más difícil obtener las grandes cifras de dinero que Chile necesitaba, a la vez que aumentaron de manera significativa las tasas de interés. El gobierno militar atribuyó esta crisis a los efectos de la recesión mundial. Los precios del cobre habían caído, los del petróleo permanecían altos y las tasas de interés en los mercados internacionales se encontraban en alza. Durante los años 1982 y 1983 se agravó la crisis iniciada en 1981, dando origen a una recesión que afectó tanto a industriales como a trabajadores, debido a la quiebra de numerosas empresas.
En junio de 1982 se procedió a una devaluación del peso, poniéndose fin a la política de estabilidad cambiaria mantenida hasta ese momento. La medida perjudicó enormemente a todos aquellos que habían adquirido deudas en dólares.
En enero de 1983, se produjo la intervención estatal de cinco importantes entidades bancarias, entre las cuales se encontraba el banco privado más importante del país, el Banco de Chile, junto con la liquidación de una serie de fondos mutuos en los cuales habían comprometido sus ahorros numerosos pequeños y medianos inversionistas. Los índices de cesantía se elevaron y el gobierno debió crear programas de empleo de emergencia, tales como el PEM (Programa de Empleo Mínimo) y el POJH (Programa Ocupacional de Jefes de Hogar), con los que se pretendía paliar la situación.
Estas situaciones confluyeron con factores de orden político y en 1983, se iniciaron las “Protestas” en contra del gobierno militar.
Con posterioridad, el problema de la inflación ha sido controlado gracias a la disciplina fiscal que se ha mantenido.